«Chile necesita un nuevo pacto social y sexual»


Por Constanza Valdés*, desde Valparaíso. Fotos: Josean Rivera



Octubre del año 2019 será recordado por décadas como uno de los meses más potentes en relación con las movilizaciones nacionales en la historia de Chile. En razón de la masividad de estas movilizaciones, y de forma irresponsable y negligente, el presidente Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, y luego en otras regiones, a través de los intendentes respectivos. Las Fuerzas Armadas quedaron a cargo de la seguridad y Chile presenció una de las más grandes violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde la dictadura. Esto generó preocupación por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.


Bajo este contexto histórico, se ha generado un consenso desde la ciudadanía e incluso desde algunos sectores políticos. Nuestro país necesita un nuevo pacto social, es decir, una nueva constitución para reemplazar la actual, que proviene de la dictadura, pese a las sucesivas reformas que ha tenido. La movilización nacional ha generado un clima en el cual la lectura política apunta a que nos encontramos en un momento constituyente, entendiendo que el poder constituyente reside esencialmente en el pueblo.


En estos días se han realizado a nivel nacional diversos cabildos para conversar sobre los puntos esenciales que requieren ser modificados en nuestro sistema político, y que deberían ser incluidos en un nuevo pacto social. Existe cierto consenso de que es necesario incorporar de manera robusta los derechos económicos, sociales y culturales, pobremente regulados en la Constitución actual.


La importancia de la regulación de estos derechos se puede observar en algunas de las consignas de estas movilizaciones. Principalmente denuncian un sistema previsional deficiente, bajos sueldos y extensas jornadas de trabajo, baja calidad de vida, deficiencia en las políticas de vivienda, un sistema de salud en crisis en razón de la deuda hospitalaria a nivel nacional y las listas de espera, entre otras tantas materias.


Sin embargo, no han estado ausentes las consignas relacionadas con la infancia, los derechos humanos y la erradicación de la desigualdad y violencia de género. En particular, esto lo hemos observado cuando las organizaciones de la diversidad sexual, de derechos humanos y feministas que marchan en conjunto. Más allá de «sectorizar las luchas», como algunos podrían pensar, van formando una unidad indisoluble necesaria para este nuevo pacto social y sexual.


Si bien han estado ausentes del debate público, deben tenerse obligatoriamente en consideración al momento de discutir un nuevo pacto social. Su invisibilización se explica porque, en general, en el debate público existe una amplia mayoría de hombres opinando y las mujeres quedan relegadas a segundo plano.


La erradicación de la violencia de género, así como la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, particularmente en el ámbito de los derechos reproductivos y sexuales, son consignas que el movimiento feminista ha colocado durante años en el debate público sobre la necesidad de un nuevo pacto social y sexual. Esto se hace necesario para eliminar, lo que ha denominado Carole Pateman, el contrato sexual, que sienta las bases de la estructura patriarcal que rige nuestra sociedad y aparato estatal.


De igual manera, se requiere en este ámbito un paradigma distinto en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en la Constitución son mencionados principalmente en el debate sobre el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos.


Los derechos humanos de grupos históricamente discriminados y excluidos tampoco pueden quedar relegados en esta discusión sobre un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Lamentablemente, bajo el paradigma actual, aún existe una tendencia a relegar las materias de infancia, género y derechos humanos de grupos históricamente discriminados a discusiones particulares, lo que ha provocado la invisibilización de estas temáticas a la hora de elaborar políticas públicas y leyes de manera integral.


Si realmente queremos cambiar el paradigma y crear un nuevo pacto social, distinto, se requiere incorporar estos enfoques de manera integral en todas las temáticas que vayan discutiendo . No por nada el movimiento feminista exige una constitución feminista.


La sola concurrencia de lo más variados sectores de la sociedad a las movilizaciones nacionales han demostrado que la exigencia de un nuevo pacto social no solo se limita a las clásicas demandas relacionadas con el trabajo, educación y salud. Se extiende a diversas temáticas que por décadas se habían reducido a discusiones particulares ante la falta de visión de la clase política imperante durante décadas: las mencionadas en relación con género, infancia, derechos humanos y tantas otras. Demandas que que se han visibilizado en los cabildos ciudadanos: la inclusión de personas con discapacidad, el reconocimiento constitucional de pueblos originarios, una nueva política migratoria, la necesidad de una salud mental digna, entre tantas otras materias.


Esto en ningún caso significa la división de las movilizaciones nacionales. Por el contrario, cristaliza la unidad a través de la diversidad de demandas y exigencias que la ciudadanía requiere para un nuevo pacto social. Solo de esta manera podremos concretar un nuevo trato con la gente, eslogan que ha sido repetido hasta el cansancio por nuestras autoridades políticas, que han fracasado en entender el real trasfondo de la problemática actual.


Chile lleva décadas arrastrando una Constitución que nació enferma y una sociedad en la cual los horrores de la dictadura aún calan profundo en razón del negacionismo sistemàtico de algunos sectores de la derecha. Hoy la única manera de mirar hacia delante y construir un país con memoria histórica es estableciendo un pacto social en donde todos/as estemos incluidos/as



*Constanza Valdés es activista lesbofeminista, abogada, asesora legislativa, codirectora de la Asociación de abogadas feministas de Chile y experta @hay_mujeres en derechos LGBTI.



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