La crisis y el vacío legal hacen más vulnerables a las personas LGBT+ en Venezuela.



Foto sustraída de www.vtactual.com

Es necesario que el Estado venezolano se aboque a resolver las necesidades legales de esta población que les permita incorporarse plenamente a la sociedad, con acceso sin discriminación a su identidad y, por ende, a la educación y empleo digno. A la sociedad le pedimos a apoyar a las personas trans en su justa demanda por el reconocimiento de sus derechos.

En Venezuela ocurrieron 109 homicidios contra personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales (LGBTI) entre enero de 2009 y mayo de 2017. De acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, que registra casos de crímenes de odio contra la comunidad LGBTI a partir de publicaciones de los medios de comunicación, esta cifra ubica a nuestro país en el cuarto lugar en América con el mayor índice de asesinatos de personas LGBTI. De ese total de muertes violentas, la mayoría de las víctimas eran personas trans.

Es oportuno recordar que varios organismos de derechos humanos han recomendado al Estado venezolano emprender las acciones necesarias para proteger a las personas LGBTI. Esto es, sin duda, un elemento a considerar al momento de ejercer cualquier tipo de exigencia antes las instituciones venezolanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 “instó al Estado venezolano adoptar una ley de identidad de género no patologizante”. En 2014 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas había recomendado al Estado venezolano “adoptar las disposiciones legales necesarias para proteger a las mujeres de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.”

También en 2015, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Comité de Derechos Humanos recomendaron al Estado venezolano durante el Examen a Venezuela sobre cumplimiento del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos “agilizar la elaboración y adopción de una legislación que garantizase una protección suficiente con incorporación de los motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.” En 2017, durante el Examen Periódico Universal España e Israel recomendaron a Venezuela reconocer el derecho a la identidad de las personas transgénero. La respuesta del Estado fue solo “tomar nota”, demostrando así su poco compromiso en avanzar en el reconocimiento de la identidad de las personas trans.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 20 el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad mientras que el artículo 21 establece el derecho a la no discriminación, y aunque no menciona de manera explícita el derecho a la no discriminación por razón de identidad y expresión de género se entiende que está incluida dentro de “todas aquellas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Adicionalmente, el derecho a la no discriminación por razón de identidad y expresión de género ha sido incluido en el artículo 4 de la Ley del Poder Popular (2010); artículo 173 de la Ley de Instituciones del sector Bancario (2010); el artículo 5 de la Ley de regulación y control de arrendamientos (solo incluye identidad de género) (2011). Parecería esto ser un avance, no obstante, estas menciones carecen de normas y reglamentos para su aplicabilidad y posible sanción en caso de denuncias por este respecto.

Intentos insuficientes

En el año 2008 se discutió en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de identidad y equidad de género que incluía un artículo que entre otras cosas planteaba el reconocimiento de la identidad a las personas trans así como la obligación del Estado de “garantizar los medios médicos asistenciales que sean necesarios para su cabal inserción y reconocimiento social en condiciones de igualdad.” No obstante, debido a intereses religiosos, la ley no llegó a segunda discusión y, por lo tanto, no se logró el avance legislativo.

En el año 2009, la Asamblea Nacional realizó la modificación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil con la intención de permitir el cambio de nombre de las personas trans. El 31 de julio de 2009, la entonces diputada Iris Varela declaró que las personas trans podrían realizar el cambio de nombre luego de la modificación de la mencionada ley. No obstante, a la fecha ninguna persona trans ha podido realizar ese cambio. El Estado venezolano está en deuda con el grupo de personas trans que hoy más que nunca ve vulnerados sus derechos ante la imposibilidad de adecuar sus documentos de identidad en concordancia con su identidad de género y apariencia física. Aunque las demandas de las personas trans no se limitan a un cambio de nombre sino también de su género autopercibido.

En abril de 2011 se creó en Caracas el Centro de Atención Especializada “Belinda Álvarez” con el propósito de rehabilitar a las ciudadanas trans en situación de calle. Este centro es una institución adscrita a la Misión Negra Hipólita dependiente del Ministerio de Protección Social y Comunas. Lamentablemente, en abril de 2014 ese centro cerró sus puertas sin que se diesen mayores explicaciones ni informes de la gestión realizada.

En septiembre del 2016, luego de una “articulación entre el Ministerio Público y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, se acordó permitir a las personas trans que la foto de su documento de identidad esté acorde con su identidad de género.

En cuanto a servicios de salud, la mayoría han sido iniciativas privadas, en principio Plafam y más recientemente la Unidad Clínica Integral de Especialidades Profesionales (UCIEP) han optado por ofrecer servicios de salud integral a personas trans con el fin de ayudarlas a lograr un proceso de transición acorde con los protocolos internacionales. En 2017 se realizó en el Hospital José Gregorio Hernández, mejor conocido como Hospital de Los Magallanes de Catia, una intervención quirúrgica a una persona transgénero para ir adecuando su cuerpo de mujer al de hombre.

Más recientemente, en 2017, el Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda de cinco personas que buscan se les reconociera el derecho a su identidad. Sin embargo, el TSJ optó por individualizar los casos, lo que indica la poca probabilidad de que la sentencia sea extensiva a toda la población trans. Además, se patologizó el procedimiento al exigir a los demandantes la presentación de exámenes psicológicos. El máximo tribunal del país ha optado por ignorar el aspecto individual y social de la demanda y parece seguir anclado en evaluar el asunto únicamente desde el ámbito médico, lo cual ha sido superado en mayor parte de nuestro continente.

Impacto de la emergencia humanitaria compleja.

Alimentación. Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a una parte de la población que disiente del gobierno nacional. También estas medidas han sido discriminatorias hacia la población LGBTI. Al principio, y dados los niveles de escasez, se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Ese sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad.

Medicamentos.

Hay denuncias de personas trans que siguen un proceso de transición y deben consumir hormonas. Dada la falta de estos medicamentos se han visto obligadas a consumir hormonas animales, las cuales podrían ocasionarles la muerte o generarles graves consecuencias para su vida. Otras se ven forzadas a interrumpir su tratamiento por la imposibilidad de acceder a las hormonas y otros medicamentos necesarios debido a sus elevados precios en países vecinos.

Trata de mujeres trans. Las características particulares de las mujeres trans las convierten en presa fácil del delito de trata y las circunstancias sociales que viven las hacen extremadamente vulnerables. En 2016 un portal de noticias español reseñaba la existencia de una red dedicada al negocio de trata de mujeres trans procedentes de Venezuela. Para ese entonces se mencionó la detención de tres personas y la liberación de tres víctimas en España. Para 2017 varios portales de noticias internacionales publicaron sobre la captura de catorce personas por explotar mujeres trans llegadas de Venezuela. En el procedimiento se logró la liberación de 24 víctimas.

A pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres y otra para el control del crimen organizado no son debidamente implementadas. Por lo tanto, no se trata de falta de leyes o normas, este es un asunto que el Estado venezolano debe abordar con urgencia.

Todo lo anteriormente descrito expone la situación de las personas trans en Venezuela. Es necesario que el Estado venezolano se aboque a resolver las necesidades legales de esta población que les permita incorporarse plenamente a la sociedad, con acceso sin discriminación a su identidad y, por ende, a la educación y empleo digno. A la sociedad le pedimos a apoyar a las personas trans en su justa demanda por el reconocimiento de sus derechos

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