Para Ricardo Pérez Manrique, "la sociedad uruguaya se ha convertido en una fábrica de delincuen



El juez de la Corte Interamericana de DDHH dijo que "hay una marginación que no tiene origen económico fundamentalmente sino cultural".

A comienzos de junio, la Asamblea General de la OEA eligió al uruguayo Ricardo Pérez Manrique como nuevo juez de la Corte Interamericana de DDHH. Pérez Manrique fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Además, es miembro de la Comisión Interamericana de Ética Judicial y trabaja como docente e investigador principalmente en universidades de Argentina y Uruguay, entre otros.

Con la polémica entre autoridades del Ministerio del Interior y del Poder Judicial por la implementación del nuevo Código como marco, Pérez Manrique fue entrevistado por el diario El País este fin de semana.

El magistrado opinó que los enfrentamientos entre poderes del Estado son previsibles "porque es una relación donde comienzan a jugar nuevos actores". "Ese enfrentamiento ha pasado en todos los países que modificaron el sistema procesal penal", declaró al matutino.

Para Pérez Manrique se debió dar un tiempo para corregir los problemas de coordinación al implementar el Código y no reformarlo, como se pretende ahora. Cree que ante la inseguridad la Policía "se puso en un área de protección y quedó una zona gris que fue aprovechada por los delincuentes". Incluso considera que la aprobación de la prisión preventiva con este nuevo Código, como propuso el gobierno, es un gran retroceso y en cierta forma vuelve a las injusticias del sistema viejo.

Además, opinó que Uruguay está muy lejos de terminar como El Salvador o Guatemala, como dijera el jefe de Policía Mario Layera. Sin embargo, opinó: "Desde hace mucho tiempo hablamos de que la sociedad uruguaya se ha convertido en una fábrica de delincuentes; es la industria más próspera del país porque sigue funcionando. Las políticas sociales no han logrado revertir ese contexto. Es más, tenemos un aumento muy preocupante de la marginalidad cultural. Hay zonas que al Estado se le hace muy difícil marcar presencia. Para solucionar ese problema se debe confluir en una política común todas las políticas sociales y reconocer que existe una brecha social muy profunda. Se tiene que tener la conciencia clara que el problema no se resuelve de un día para el otro".

Para Pérez Manrique en ciudades como Chuy, San Carlos y Minas "hay bandas que lograron desplazar al Estado de algunos lugares o han demostrado que este es deficiente en su trabajo para contenerlas".

Esta mañana, el magistrado amplió algunos de sus dichos en declaraciones a Informativo Carve. "Se ha disparado el número de delitos y se viene repitiendo desde hace mucho. La gente se sigue sintiendo muy insegura y de algún lugar surgen las personas que cometen cada vez un número más grande de delitos", aclaró.

"Ya es indiscutible la existencia de una verdadera brecha social y una marginación que no tiene origen económico fundamentalmente sino cultural. Hay una respuesta de la sociedad que no logra abatir esa brecha ni atacarla. Mi preocupación es como ciudadano y persona de familia (...) Yo no golpeo al gobierno, intento ser objetivo con mi visión de la actualidad. Creo que hay que dar una respuesta con un fuerte compromiso institucional. Ese es el mensaje que quiero transmitir", consideró.

Habló también del "círculo vicioso" que es poner más gente presa para que la gente no se sienta insegura, pero que la prisión no sirva para la rehabilitación de los reclusos.


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